María del Valle González López, de 23 años, falleció en abril de 2021 en el Hospital Perrupato, tras haber solicitado la interrupción voluntaria de su embarazo en el Hospital Arturo Illia.
María del Valle González López, de 23 años, falleció en abril de 2021 en el Hospital Perrupato, tras haber solicitado la interrupción voluntaria de su embarazo en el Hospital Arturo Illia. La joven era presidenta de la Juventud Radical de La Paz y su caso reabrió el debate sobre los protocolos y prácticas médicas en el marco de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Según los antecedentes de la causa, María del Valle acudió al hospital Arturo Illia para acceder a la interrupción legal del embarazo. Allí se le habría recetado misoprostol, sin que mediara una evaluación presencial. Posteriormente, comenzó a presentar complicaciones que derivaron en su internación en el Hospital Perrupato, donde murió por un cuadro de septicemia.
El abogado de la familia, Mariano Godoy Lemos, detalló a Radio Regional que la atención fue realizada de forma remota: “El médico que le recetó el misoprostol nunca la vio. Tampoco la licenciada en obstetricia que le administró la medicación. Todo fue por teléfono, a través de la guardia del hospital“, señaló.
La justicia imputó a dos profesionales por presunta mala praxis: la licenciada en obstetricia Soria y el médico Richardson. “Se está investigando un posible homicidio culposo, ya que hubo una cadena de negligencias médicas que terminaron con la vida de una joven”, afirmó el letrado.
El abogado sostuvo que la ley exige la evaluación previa de un profesional de la salud mental, algo que no habría ocurrido en este caso. “Si no se cumplen los pasos del procedimiento médico, ya hay una falta grave. Pero si eso deriva en una muerte, puede constituir un delito penal”, agregó.
La causa también incluye diversas pericias médicas. En una primera instancia, el Cuerpo Médico Forense sugirió la posibilidad de una “placenta increta” como factor de riesgo. Sin embargo, especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo y otras entidades descartaron esa hipótesis, señalando que tal patología no es compatible con el tiempo de gestación que llevaba la joven.
Godoy Lemos aseguró que ya existe “prueba de cargo suficiente” tanto del Ministerio Público Fiscal como de la querella. “Si se confirman las imputaciones, las defensas podrán ahora presentar pruebas de descargo”, indicó.
El caso continúa bajo investigación y ha generado un fuerte impacto en Mendoza, reabriendo el debate sobre las garantías de atención segura en el marco de la IVE. (Mendoza Today)
